La
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo del 22° Juzgado Civil, que
condenó al Estado al pago de $ 1.840 millones a 74 familiares de 20 víctimas
del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
El
fallo fue adoptado por la duodécima sala del tribunal de alza en forma unánime
y obliga al Estado a pagos individuales por montos que van desde los $ 7
millones hasta los $ 30 millones a familiares de víctimas en las localidades de
Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
"Si
bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo
al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a
la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que
señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que
ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las
medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo
de fenómenos naturales", sostuvo la Corte en su resolución.
